Golpe a la democracia y a los derechos humanos en Honduras.

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Restricción de garantías fundamentales para frenar la protesta política

La consumación del fraude electoral en nuestro país sigue el guion trazado por el oficialista Partido Nacional, responsable de la ilegal candidatura a la reelección de Juan Orlando Hernández. Inició con el control absoluto del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la trama mediática en apoyo permanente a la narrativa que emana del órgano electoral al momento de las inconsistencias del escrutinio; la negativa a proporcionar información la noche del 26 de noviembre cuando para su sorpresa habían sido derrotados por la Alianza Opositora, que los superaba por aproximadamente cinco puntos porcentuales con el 57% por ciento de las actas escrutadas.

A esa narrativa hay que agregar la caída del sistema del TSE por más de 5 horas el martes 28 de noviembre y, coronó esta fábula malévola, el lento conteo del supuesto voto rural que contra toda lógica racional cambió la tendencia electoral, y tiene, por ahora, a la candidatura reeleccionista a una distancia de 1.5% de su cercano contendor Salvador Nasralla, a quien se le está robando la victoria mediante este escandaloso fraude electoral.

Ante esta afrenta a la voluntad soberana, la población se volcó a las calles y ejes carreteros desde el 29 de noviembre, escenificando a partir de esa fecha, hasta el 01 de diciembre, jornadas de lucha históricas y ejemplares, que la maquinaria del Partido Nacional ha querido empañar con los más de 30 saqueos que se han producido a establecimientos comerciales de forma particular en la zona norte del país, los cuales han sido provocados por supuestos infiltrados en las marchas, y  tolerados o permitidos por la fuerza de seguridad pública que ha abandonado la vigilancia de las zonas comerciales, y que puede ser considerado como un acto más de su pernicioso libreto para desmeritar en esta etapa las protestas contra el fraude electoral.

Sobrepasados por la respuesta popular expresada en  las movilizaciones, las tomas de calles, bulevares, colonias y barrios en las principales ciudades y  diversos puntos territoriales en zonas rurales del país, así como los bloqueos de carreteras, los cuales registraron en más 16 de los 18 departamentos, produciendo un paro nacional casi total del transporte público y de mercancías, algo inédito en la historia de las luchas populares en el país; todo ello aseguró que pasaran al siguiente capítulo de su guion que consiste en la declaratoria de la suspensión de garantías fundamentales por 10 días de 6:00 pm a 6:00 am. Medida de claro tinte dictatorial, de calco cabal a la dictadura que JOH viene implantado en nuestro país.

El estado de excepción, de sitio o de suspensión de garantías fundamentales, es ni más ni menos una medida encaminada a criminalizar la protesta política en contra de la dictadura. A sangre y fuego se ha reprimido el alzamiento de la ciudadanía que, desde las calles, los barrios y los territorios reclaman el respeto de la voluntad del soberano. A bala viva responde el régimen con sus huestes militares y policiales, disparando al cuerpo de las y los manifestantes, habiendo segado la vida de por lo menos 13 compatriotas: 2 de ellos en La Ceiba, 5 en la colonia López Arellano, del municipio de Choloma, y 4 más en Tegucigalpa, 2 más en San Pedro Sula. Y asegurando con el toque de queda la posibilidad de incremento de estas cifras.

Según nuestro monitoreo, entre el 29 de noviembre y 01 de diciembre se produjeron al menos 113 detenciones y según cifras de medios de comunicación durante la primera noche de la suspensión de garantías al menos 96 personas más fueron aprehendidas o capturadas. Sumando hasta la fecha de este informe 209 ciudadanos y ciudadanas que han ido a parar a las ergástulas policiales y de los cuales 34 han sido puestos a la orden del Ministerio Público, según datos oficiales.

En cuanto al libre ejercicio de la libertad de expresión a cargo de las y los periodistas, hemos recibido reportes de que algunos corresponsales extranjeros y periodistas independientes están siendo objeto de presiones y actos de hostigamiento por el carácter de sus notas periodísticas que no se pliegan a la versión oficial, así mismo es deplorable que por efecto del toque de queda los y las comunicadores que no están acreditados al TSE no puedan ejercer su labor en el horario comprendido de 6:00 pm a 6:00 am lo cual constituye una violación a la libertad de expresión.

Concluido el escrutinio especial de aproximadamente 1,000 actas, estimamos que este resultado no tiene validez por cuanto ha sido realizado sin atender el conteo de las más de 5,000 actas que exige la Alianza Opositora, el Partido Liberal y el pueblo hondureño en general, por tanto, es ilegal creer que el candidato oficialista es quien ha salido vencedor en estas elecciones.

Ante este panorama de represión, fraude electoral e instauración de una dictadura mediante el régimen continuista de JOH, hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales a continuar con las medidas de protesta para que se respete la voluntad soberana manifestada a nivel nacional el pasado 26 de noviembre. Exigiendo el conteo de acta por acta y de ser necesario voto por voto para que se esclarezca y se respete al verdadero triunfador a la presidencia de la República.

A las misiones internaciones de observación, reclamamos que ejerzan su función de manera objetiva y que se involucren en identificar los mecanismos del fraude y denunciarlos ante la ciudadanía, de lo contrario se convertirán en cómplices de una elección plagada de irregularidades y en consecuencia, ilegal e ilegítima.

A las organizaciones internacionales a solidarizarse y hacer presencia en nuestro país para apoyar los esfuerzos de la ciudadanía en perspectiva del respeto de la determinación soberana y;

A la Comisión interamericana de Derechos Humanos, a que designe una representación que constate in situ las graves violaciones a derechos humanos que se están produciendo en contra de las personas que participan en las manifestaciones contra el fraude electoral.

04 de diciembre de 2017

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

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